Según el X Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito y Caución, realizado por Iberinform, afirma que el 10% de las empresas españolas ven peligrar su supervivencia a consecuencia de la morosidad.
Además, Ignacio Jiménez, director general de Iberinform en un artículo para EFE empresas, destacó que el 64% de las empresas “padecen las consecuencias negativas de la morosidad”.
También, según el estudio, actualmente el principal factor o motivo de la morosidad empresarial ya no es la liquidez, sino que se trata del “retraso intencionado”. Es decir, los mismo clientes son los que retrasan el pago de facturas, puesto que ahora son ellos que deciden cuando les va mejor realizar el pago, y por tanto, provocan un retraso.
Por esto, se cree que es necesario educar, es decir, introducir medidas dirigidas a pymes para reducir la morosidad, de manera que estas conozcan las causas y consecuencias que pueden suponer los retrasos de pagos o los impagos.
Otro factor a tener en cuenta es que el 83% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos, y solo el 7% de estas aplica intereses en caso de demora de forma sistemática, mientras el 55% nunca pone intereses.
Se ha demostrado que el retraso en los pagos es uno de los aspectos que más preocupa a las empresas, por lo que se cree necesario poner precio a la morosidad, ya que es algo que sale muy caro a todos.
Pero al margen del riesgo de cierre, la morosidad acarrea otras consecuencias que a veces no se tienen del todo en cuenta, como por ejemplo la capacidad competitiva. Las batallas empresariales se están librando en otros mercados geográficos, compitiendo con empresas internacionales de países como Alemania, Estados Unidos o China. Por esto, es de suma importancia reforzar el sistema, y con una elevada morosidad estamos tendiendo a todo lo contrario.
No obstante, las empresas españolas les cuesta mucho reclamar lo que les pertenece cuando se encuentran frente a retrasos o impagos. Por ejemplo, el 85% de las empresas no pone denuncias o no acude a los tribunales para reclamar las deudas debido a la lentitud de la justicia. Además y como contrapartida, casi el 70% de las pymes y autónomos llegan a un acuerdo con sus clientes para ampliar los plazos de pago.
