El Congreso ha aprobado la Proposición de Ley que permitirá a las empresas cobrar con mayor prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.
Con la reforma aprobado as empresas privadas tendrán que pagar a no más de 60 días y las empresas públicas a un máximo de 30 días a partir de 2013. El motivo principal de la reforma es que se inyecte liquidez en el tejido de las empresas.
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