Los dos problemas clave para las pymes españolas respecto de la morosidad son:
- La ineficacia de la actual ley antimorosidad en los pagos entre empresas.
- El retraso de cobro de las facturas pendientes que la Administración adeuda al sector privado.
Recientemente Francia ha llevado a cabo una reforma legislativa que limita el periodo de pago de las facturas a 45 dias. Lo mejor de dicha reforma es incluye un sistema de sanciones en caso de incumplimiento.
En España, los beneficios para el sistema empresarial de medidas similares son claros: se estima que la reducción del plazo de pago entre empresas a 60 días supondrá a las pymes un ahorro de 1.300 millones de euros en costes financieros. Asimismo, la liquidez aumentaría el 4,4%.
La Plataforma Empresarial Anti-Morosidad:
La actual ley contra la morosidad se ha mostrado completamente inútil en momentos de crisis. Por ello distintas patronales y asociaciones empresariales de España han constituido una Plataforma contra la morosidad que cuenta entre sus objetivos pedir a la Administración que modifique la actual legislación y adopte un modelo parecido al francés.
Hasta la fecha, según datos de Pimec (patronal catalana de pequeñas empresas y uno de los promotores), la plataforma representa a más de 700.000 empresas de España, con un volumen de facturación superior a los 380.000 millones de euros y que dan trabajo a más de un millón de trabajadores.
Para la Plataforma, no tomar medidas puede llevar a la quiebra a pymes y autónomos, por lo que también va a pedir al Gobierno que inste a las Administraciones públicas y locales, a que cumplan los plazos de pago con sus proveedores. Asimismo, aboga por suprimir las cláusulas abusivas en los contratos y establecer, por ley, un plazo máximo de pago fijado en 30 días y, excepcionalmente, en un periodo transitorio, de 60 días a partir de la fecha de factura.
Gráfico: Morosidad Administraciones Públicas. Fuente
