Parece que tras un año de aplicación de la ley de morosidad, sus efectos en la economía española, son más que discretos. Las administraciones públicas así como las empresas siguen pagando tarde por la falta de liquidez y crédito producidas por la crisis.
Hace un año que la ley de morosidad entró en vigor y las administraciones y empresas españolas siguen pagando sus facuras con un retraso medio que duplica la media europea.
Un informe reciente revelaba que lejos de disminuir el plazo medio de pago en España ha aumentado hasta los 106 días desde los 103 días a finales de 2010 mientras que la media europea se sitúa en 53 días. La ley no ha servido para nada, como tantas otras. Y es que la realidad es tozuda y no se cambia a golpe de decreto promulgado desde la pecera. Quizás sea una prueba de lo lejos que están las sociedad y el cuerpo legislativo.
La normativa pretende que, a partir del año 2013, las administraciones públicas realicen los pagos en un plazo máximo de 30 días. En el caso de las empresas, 60. Para ambas, se establece un periodo transitorio que les permite pagar este año en 50 días -administraciones- y 85 días -empresas-. Pero ni unas ni otras están cerca de los citados plazos. La administración pública española continúa pagando en un plazo real de 153 días, como en 2010, y las compañías, en 99, uno más. Muchas, el 40%, afirman que estos retrasos representan una amenaza para su propia supervivencia, lo que da idea de la magnitud del problema de los impagos.
A ambos colectivos se han sumado en los últimos meses los consumidores. Según el informe, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15 por ciento, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010.
el problema seguirá en aumento, la cuestión es que las administraciones deben ser los primeros en pagar y sanear la situación
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