El Congreso ha aprobado la Proposición de Ley que permitirá a las empresas cobrar con mayor prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.
Con la reforma aprobado as empresas privadas tendrán que pagar a no más de 60 días y las empresas públicas a un máximo de 30 días a partir de 2013. El motivo principal de la reforma es que se inyecte liquidez en el tejido de las empresas.
La reforma viene acompañada de grandes cifras. El sector público paga a 154 días. Si lo hiciera a 30 días, se inyectarían en la economía más de 9.300 millones de euros. La regularización de pagos a un máximo de 60 días entre las empresas privadas aportaría a la economía otros 9.400 millones de euros. El cumplimiento de dichos plazos de pago podría salvar 600.000 puestos de trabajo.
Los sectores de alimentación y productos peredeceros constituyen una excepción y estarán obligados a pagar a 30 días. Además se establece un periodo de adaptación paulatina de los plazos hasta 2013. Los acreedores podrán reclamar indemnizaciones por retrasos con un límite del 15% para deudas por encima de 30.000 euros. También se legitima a los proveedores para ejercer acciones colectivas contra las empresas que incumplan de “manera habitual” con los plazos de pago.
También destaca la declaración como nulas de todas las cláusulas de los contratos que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como “abusivas“. Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas, así como de un observatorio de morosidad dependiente del ministerio de Industria.
La reforma aprobada es una esperanza. Pero no se hagan ilusiones. La situación actual hace muy complicada la aplicación de la ley ya que supondría inyectar 20.000 millones de euros en la economía: algo imposible dada la falta de liquidez en la economía. Promulgar leyes es gratis. Es su cumplimiento lo que tiene dificultad.
La Ley anterior ya establece que la Administración debe pagar en el plazo de los 60 días y no se cumple. Así q esto será otra ley que no sirva para nada. En fin. Más ruido y nada más.
El aspecto que parece que nadie toca es que el colapso judicial estructural que padecemos, es una auténtica incitación al impago. “Demándame” es una palabra usada habitualmente por los morosos, como una invitación a tener que espeerar largos años para cobrar la deuda. En mi caso, llevamos más de tres años pendientes de ejecutar a un moroso, que imagino que ahora será insolvente.
La justicia en España es anacrónica, tercermundista y analfabeta digital, un auténtico paraíso para los morosos. Además Hacienda colabora obligando a los acreedores a soportar el IVA y los tipos de interés de demora ( dos veces el tipo de interés legal del dinero, 8% en estos momentos son ridículos.