La morosidad de los ayuntamientos me ahoga

Desde que estamos inmersos en la crisis muchas son las empresas que se están viendo en verdaderas dificultades para proseguir en sus negocios y algunas incluso han tenido que echar el cierre y no precisamente por el aumento de la competencia, por el descenso de ventas, por impagos de facturas de otras empresas clientes, etc. Nada de eso. El motivo de tal problema es, a mi juicio, mucho más grave. Y no es otro que la morosidad de las administraciones públicas, y más en concreto de los Ayuntamientos, que son los más cercanos al pueblo y los que están en primera fila para solucionarnos los problemas. Aunque ahora, también están en primera fila para crearnos los problemas.

Según la Ley de Contratos del Estado, así como la Ley de Morosidad en Operaciones Comerciales, las Administraciones Públicas (incluidos los Ayuntamientos) deben efectuar sus pagos en un plazo máximo de 60 días fecha factura, y en caso de no cumplir esos plazos, se les aplicará el tipo de interés de demora en operaciones comerciales, que para este primer semestre de 2009 es del 9,50%.
Y aunque en la Ley estos plazos están claramente especificados, muchos ayuntamientos (por no decir casi todos) deben grandes cantidades de dinero a numerosas empresas (casi todas Pymes), la mayoría de las cuales ya ha realizado el trabajo para el cual han sido contratadas pero que “no han visto ni un duro”. De hecho, según diversas organizaciones (incluido el Banco de España), los ayuntamientos deben más de 30.000 millones de euros, y esos son muchos millones de euros, y el plazo medio de pago es de casi 250 días, y esos son muchos días.
Yo me imagino una Pyme cualquiera que firma un contrato con su ayuntamiento, por un importe elevado, lo que supone para esa Pyme el poder subsistir sin problemas e incluso aumentar su negocio con nuevas inversiones. Me imagino a una Pyme que contrata nuevos empleados para poder hacer frente a ese contrato, una Pyme que compra nueva maquinaria, nuevas materias primas, etc. y que después de haberse gastado un dinero que iba a recibir de su ayuntamiento, resulta que no cobra… ni a 30 días… ni a 60… ni a 90… ni a 180… ni a un año… ni a dos… etc. y esa empresa que tenía resuelta su existencia con ese contrato, resulta que se ve abocada al fracaso más absoluto, a su ruina y a su cierre. Y todos sus empleados despedidos.
¿Y qué hacen los ayuntamientos mientras tanto? Nada. A través del Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno de España se inyectarán 8.000 millones de euros para los Ayuntamientos. Y el destino de estos fondos será doble: Por un lado, realizar nuevas infraestructuras, y por otro, plantar enormes y costosos carteles anunciando la obra (que puede ser tan simple como un semáforo). Con esta medida el Gobierno pretende aumentar el empleo… pero no conservar el existente. Si creas 10 puestos de trabajo y se destruyen 20, el neto es 10 desempleados, con lo cual no has solucionado nada.
La pregunta que muchos os hacéis es si no sería mejor emplear ese Fondo Estatal de Inversión Local para pagar a todas aquellas Pymes a las que se les debe dinero, lo cual supondrá que esas empresas puedan seguir ejerciendo su actividad y no cierren y, sobretodo, que sus empleados mantengan sus puestos de trabajo y no engrosen las filas del paro. Qué mejor forma de fomentar el empleo que ayudar a mantener el empleo. Si las empresas cierran, no habrá empresas que necesiten empleados.
¿Y qué pueden hacer las Pymes ante los ayuntamientos morosos? Lo primero que han de hacer es tener toda la información pertinente al contrato, desde el propio contrato firmado y sellado donde claramente se especifiquen las obligaciones contraídas por cada parte, hasta las facturas emitidas selladas conforme han sido presentadas en el ayuntamiento, toda la documentación conforme la empresa ha realizado los cometidos para los cuales fue contratada, etc.
Si después de haber tomado todas las medidas de seguridad oportunas, se produce el impago y éste es prolongado, no hay que dejarlo pasar. Es decir, en cuanto se detecte el impago ha de tratarse como un impago más y deben tomarse todas las medidas tanto judiciales como extrajudiciales que están a nuestro alcance.
Por tanto, a la hora de firmar un contrato con un ayuntamiento (u otra Administración Pública) hay que ser igual de rigurosos o más que si la contraparte es otra empresa. No vale eso de que “como es el ayuntamiento”, “son de fiar”, etc. Hay que estipular todos los preceptos del contrato, e igual que ellos suelen pedirnos que cumplamos muchos requisitos, nosotros también deberemos pedir las garantías oportunas, empezando por un contrato que contenga todos los aspectos claves y necesarios para su cumplimiento y donde se especifique claramente las formas de pago.